Recurso de amparo frente al nuevo sistema de tarifas eléctricas

Corrientes al Día pudo saber a través de Agencia NOVA, que ante la eventualidad de que el gobierno provincial adhiera al plan de contingencia que elaboró la Nación para hacer frente a la falta de energía, el recurso de apelar a la Justicia presentando un recurso de amparo es considerado por el abogado constitucionalista Marciano Martínez como una acción válida para un caso particular. Martínez planteó que la alternativa para salir de la crisis es generar soluciones de fondo, a través de un plan de inversión. La situación llegó esta instancia, según el abogado, por una política que se implantó en el país “contraria a la producción. No hay una política energética”.


El catedrático, comentó que “la norma no es prohibitiva, sino que sobre el mayor consumo hay sanciones”. Por eso mismo, consideró que “esta sanción económica podría ser inconstitucional según el valor por el cual se realiza el mayor consumo”. Según explicó Martínez, el argumento de la situación de emergencia por el que atraviesa la Nación en materia energética, entraría en conflicto con una situación particular, como la de tener que atender a un enfermo que requiere cierta aparatología, y cuyo consumo implicaría caer en la penalización, algo a lo que la persona no podrá hacer frente. En este caso “correspondería una judicialización (del problema) a través de un amparo”, pero “habría que probarlo, como en todo juicio”, aclaró. La posibilidad de romper el argumento de la “emergencia energética”, es demostrando que “tengo un interés que tiene un valor muy importante, como la salud y la vida, y que además no tengo como pagarlo”. Si el Estado hubiera, por el contrario, aumentado directamente las tarifas siguiendo los requerimientos impuestos para ello, sería distinto. “Entra dentro de una cuestión de tipo general, porque es un precio, es más general y existe igualdad”, indicó el constitucionalista, contrastándolo con la medida adoptada por el Gobierno nacional que es “una sanción”. En cuanto al alumbrado público, expresó que en ese caso se podría hacer un reclamo administrativo, con la salvedad de que en este caso, el derecho se vuelve “más difuso”.

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